La idea equivocada de que en España está ya todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, existen otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos altamente deficitarios, como en infraestructuras de abastecimiento, depuración y distribución del agua, de tratamiento de residuos, protección y regeneración del medio ambiente, movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística, accesibilidad, redes secundarias, gestión de capacidad y equipamiento público.
Seguir avanzando en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso irrenunciable con las futuras generaciones para garantizar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.Las crecientes necesidades de gasto público en materia de protección social y de reducción de la deuda pública evidencian que España, en los próximos años, no podrá financiar con cargo a los Presupuestos públicos todas las inversiones prioritarias que el país necesita. Pero ello no puede servir de excusa para eludir nuestro compromiso.
España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar el desarrollo, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.
Resolver lo anterior requiere la promoción de una inversión sostenida en infraestructuras, que mitigue el déficit de dotación de infraestructuras en determinados ámbitos y las carencias en su mantenimiento. En este sentido, se precisa:
Madrid, 31 mar (EFECOM).- Los promotores de viviendas piden a los responsables políticos que surjan de las próximas elecciones generales, autonómicas y locales que den más flexibilidad a los planes urbanísticos, ofrezcan más suelo residencial, reduzcan la burocracia y mejoren la Formación Profesional.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, reclama también, en una entrevista con EFE, un pacto de Estado por la vivienda y un marco legal más estable.
Estas son las principales demandas del sector:
– Pacto de Estado por la vivienda
La APCE aboga por acuerdos entre las fuerzas políticas que vayan más allá de una legislatura para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las clases más desfavorecidas.
– Más seguridad jurídica
La gestión del suelo requiere que el marco legal tenga una continuidad, por lo que no son bienvenidas modificaciones cada pocos años por las «ansias de regulación de cada nuevo Gobierno», según Gómez-Pintado. El presidente de la APCE advierte de la retirada de inversiones internacionales si se acometen cambios en la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis).
– Acelerar el «Plan 20.000»
La APCE aplaude el plan del Gobierno para constituir un nuevo parque público de vivienda de alquiler social con 20.000 inmuebles, pero pide que se reduzca el plazo previsto de seis años.
– Más presupuesto para el Plan de Vivienda
La dotación presupuestaria para el Plan de Vivienda estatal le parece a Gómez-Pintado «absolutamente insuficiente».
– Alcanzar las 50.000 VPO al año
La media anual de viviendas de protección oficial era de 75.000 viviendas y bajó a menos de 5.000 en los últimos años, según el presidente de la APCE, que insta a recuperar un volumen «razonable» de 50.000.
– Fomento del alquiler
Gómez-Pintado cree que los recientes decretos de medidas urgentes sobre vivienda están orientados a los pequeños tenedores, sin fomentar la participación de las empresas para incrementar el ratio de viviendas en arrendamiento.
– Liberar el suelo «cautivo»
La APCE quiere que los ayuntamientos agilicen la disponibilidad de suelo residencial.
– Planes urbanísticos flexibles
Los planes generales de ordenación urbana se hacen para varios lustros y, según Gómez-Pintado, carecen de ventanas para modificaciones rápidas cuando cambian las circunstancias económicas y sociales.
– Reducir la carga burocrática
A juicio de la APCE, la tramitación por los ayuntamientos podría hacerse con más celeridad, ya que las licencias de obra nueva suelen demorarse un año y las de primera ocupación hasta seis meses.
– Retirar la reserva de suelo finalista
La APCE se opondrá a las reservas de vivienda protegida o social sobre el suelo finalista al entender que ya están fijadas en la ley en el reparto de cargas de cada plan urbanístico.
– Promover la FP dual
Los constructores echan en falta mano de obra cualificada y advierten del «ajuste severo» al que puede llegar el sector cuando alcancen la edad de jubilación los trabajadores que ahora superan los 50 años. Gómez-Pintado quiere hacer la profesión «más atractiva» para que tenga un «efecto llamada» entre los jóvenes. Para ello, considera adecuado potenciar la Formación Profesional dual, que combine los estudios con las prácticas.
– Hacer más frecuente la industrialización
La construcción de viviendas en fábrica, habitual en otros países, tiene que generalizarse en España en los próximos años, «rompiendo tabúes» y huyendo de la «connotación» asociada a las casas prefabricadas.
octubre 2019:
La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.429.993 trabajadores en
octubre, lo que supone 106.541 personas más que en septiembre (0,55%). Es el
segundo mayor incremento de la serie histórica en ese mes, solo superado por el de
octubre de 2018.
Cabe destacar que el número de mujeres afiliadas experimentó un crecimiento del
2,85% en el último año, hasta situarse por encima de los 9 millones de ocupadas
(9.049.984). Se trata del segundo mayor valor absoluto de mujeres ocupadas, sólo
superado por el de junio de este año. Por su parte, el conjunto de afiliados hombres,
que ascendió a 10.380.009, creció un 1,83%.
En términos desestacionalizados el comportamiento de la afiliación también fue
favorable durante el pasado mes de octubre, con un crecimiento de 56.194 personas
ocupadas, el mayor aumento en lo que va de año. La media de personas afiliadas
alcanzó, sin el componente estacional, los 19.390.668 trabajadores.
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