El demandante exige al Gobierno de Cantabria su legalización y rechaza la resolución de la CROTU de enero de 2017 que deniega dicha legalización por incumplir la ley de suelo de Cantabria.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma examinó el recurso de alzada presentado por el demandante y ratifica en mayo de 2017 la decisión de la Comisión Regional de Urbanismo.
El edil regionalista expone que, ateniéndose a la fecha de expedición de la licencia, 1999, y al amparo del artículo 44.2 del Reglamento de Régimen Urbanístico de aquella época, si era posible su legalización. Por ello rechaza que la CROTU utilice la normativa vigente en la fecha de su construcción, 2009.
En la actualidad, el alcalde del municipio, Andrés Ruiz Moya, contempla la recalificación de dicho terreno en la revisión del nuevo PGOU en trámite, como medida para evitar su demolición.
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