La idea equivocada de que en España está ya todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, existen otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos altamente deficitarios, como en infraestructuras de abastecimiento, depuración y distribución del agua, de tratamiento de residuos, protección y regeneración del medio ambiente, movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística, accesibilidad, redes secundarias, gestión de capacidad y equipamiento público.
Seguir avanzando en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso irrenunciable con las futuras generaciones para garantizar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.Las crecientes necesidades de gasto público en materia de protección social y de reducción de la deuda pública evidencian que España, en los próximos años, no podrá financiar con cargo a los Presupuestos públicos todas las inversiones prioritarias que el país necesita. Pero ello no puede servir de excusa para eludir nuestro compromiso.
España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar el desarrollo, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.
Resolver lo anterior requiere la promoción de una inversión sostenida en infraestructuras, que mitigue el déficit de dotación de infraestructuras en determinados ámbitos y las carencias en su mantenimiento. En este sentido, se precisa:
- Aprobar un Plan de nuevas infraestructuras que prevea acometer, junto a las necesarias infraestructuras de transporte y movilidad -básicas para la movilidad y el equilibrio territorial- inversiones en los sectores del agua, la gestión de residuos, el medioambiente, la sanidad y la educación, y avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua.
- Aprobar un Plan de conservación y mantenimiento de la red viaria ante el estado deficitario de parte de las infraestructuras viarias y el impacto que ello supone en el cambio climático (cada kg de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kg de CO2 procedentes del transporte por carretera).
- Desarrollar un modelo concesional y de colaboración público-privada eficiente que, de forma complementaria a los presupuestos públicos, de respuesta a la necesidad de inversión en infraestructuras y servicios prioritarios pendientes.
- La inversión en infraestructuras es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y un mayor equilibrio social, y así queda reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
